Dr. Juan Luis Martínez, profesor titular de Política de Empresa. Barna Management School
La solidaridad, entendida desde una perspectiva clásica y en continuidad con la tradición aristotélica, puede definirse como la disposición firme a colaborar con el otro para su bien propio, permitiendo que pueda progresar y desarrollarse. Supone trabajar conjuntamente, orientado su florecimiento, y fortaleciendo el vínculo entre ambos. Se sitúa entre la virtud de la caridad y la de la justicia, y precisamente por ello —como ocurre con toda virtud que exige moverse en el justo medio— hay que evitar caer en sus vicios o en sus excesos. Vivirlo de manera desordenada trae como consecuencia más problemas que beneficios, tanto para uno mismo como para los demás.
Existe una cierta hipersensibilidad en torno a la solidaridad: es un lugar común, ampliamente aceptado y difícilmente cuestionado. Se coloca casi al mismo nivel que los valores revolucionarios franceses de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, el problema es que se da por sentado su auténtica naturaleza y cometido, sin detenerse a reflexionar sobre qué implicaciones tiene —y cuáles no— el ser una persona solidaria. Se acepta casi cualquier interpretación que suene bien y que encaje en un criterio, más o menos preciso o difuso, acerca de lo que significa hacer lo correcto en beneficio de un tercero.
Como acabamos de mencionar un poco más arriba, hunde sus raíces en la justicia y en la caridad, virtudes que constituyen su esencia y de las que derivan todas sus manifestaciones. Como expresión de la justicia —entendida como dar a cada uno lo suyo—, incorpora un orden racional que discierne lo que corresponde a cada persona según la naturaleza de los bienes, la igualdad de dignidad y la proporcionalidad de las responsabilidades. A la vez, al nacer también de la caridad, asume un orden relacional que reconoce la distinta cercanía de los vínculos humanos y la prioridad moral de quienes nos han sido confiados de modo inmediato. De esta doble raíz brota un principio de actuación que exige comenzar por los más próximos, evitando tanto arbitrariedades como sentimentalismos, y previniendo que la responsabilidad moral se diluya en un universalismo abstracto. Solo desde esta articulación conjunta —razón y relación— la solidaridad puede operar sin desvirtuarse ni caer en paternalismos, favoritismos o confusiones morales.
Así, no sería un acto solidario ordenado —es decir, jerarquizado por la virtud de la justicia— ocuparse prioritaria y exclusivamente de la reforestación de la Amazonia mientras se tiene desatendida a la propia madre. Y es que existe un orden que brota de nuestra propia naturaleza y que se despliega en diversas formas de proximidad. En primer lugar, una cercanía ontológica que recuerda la primacía de la persona sobre las cosas: antes está el ser humano y solo después todo lo demás. A ella se suma una cercanía relacional, tejida por los vínculos que nos constituyen—la paternidad, la filiación, la amistad, el compañerismo, la vecindad o la pertenencia a una misma comunidad—, y que modela la manera en que nos responsabilizamos unos de otros. También aparece una cercanía geográfica, que nos sitúa en un lugar concreto y extiende gradualmente nuestro horizonte: la ciudad, la patria, el continente y, finalmente, el mundo. Por último, se manifiesta una cercanía temporal, que nos enseña a otorgar prioridad a lo urgente y perentorio antes que a aquello que puede esperar. Todas ellas, entrelazadas, conforman el marco desde el cual entendemos y ordenamos nuestras responsabilidades hacia los demás. Vivir la solidaridad con orden consiste, por tanto, en hacerlo respetando la prelación que imponen en nuestra acción los elementos constitutivos de nuestra contingencia, de nuestro aquí y ahora.
En ocasiones, sin embargo, la solidaridad se entiende como una manifestación de un mero sentimentalismo vacío, que responde a lo inmediato o a reflexiones movidas por la vanidad personal, haciendo por los demás aquello que es más vistoso, lo que más llena, lo que puede ser más admirado o parecer más heroico ( en ocasiones, el heroísmo está precisamente en que el hecho que se realiza no es visible de cara a los demás, es decir, no hay posibilidad de apropiarse del mérito, porque ese mérito no es reconocido; se actúa virtuosamente sin que los demás lo vean, queda oculto, y en eso está precisamente el vencimiento).
De este modo, la primera idea fundamental es que la solidaridad requiere ser vivida respetando el orden que determina la justicia, empezando por lo más cercano, por aquello que interpela de manera directa nuestra responsabilidad.
Decíamos que la solidaridad no solo nace de la justicia, sino también de la caridad. Y la caridad implica centrarse verdaderamente en el otro. En toda relación existe una distinción básica: hay un sujeto —quien actúa— y un objeto —aquello hacia lo que se dirige la acción—. En nuestro caso, el sujeto es la persona solidaria, mientras que el objeto de la acción es a quien se ayuda. Esto implica que la orientación de la acción ha de ajustarse a las necesidades reales del otro, y no a nuestras proyecciones. Se exige desplazar el centro de gravedad desde el propio yo hacia la realidad concreta del otro. Es él quien me interpela, quien me hace salir de mi “zona de confort” para dar y darme, en beneficio suyo. Cuando la relación entre sujeto y objeto se vuelve recíproca —si se permite la expresión, casi simbiótica—, de modo que quien es objeto para uno se convierte, a su vez, en sujeto que orienta su acción hacia el otro, estamos ante una relación sustentada en el amor entendido en sentido profundo y relacional, no meramente afectivo. Si yo, como sujeto, busco tu bien, y tú, al mismo tiempo, buscas el mío, la relación que establecemos es lo que llamamos “amor”: una de las formas más plenas en que se concreta la caridad. Existen diversas formas en las que se da esta relación y vínculo: el amor paterno-filial, el amor de amistad, el amor conyugal, el amor hacia la patria… pero en todas ellas se da esa base común de reciprocidad.
Esta consideración es la que se encuentra detrás de la segunda característica de la solidaridad que queremos resaltar: la acción solidaria requiere corresponsabilidad, cooperación mutua, ayuda recíproca. La solidaridad se mueve en el plano de la igualdad, en el reconocimiento entre iguales. Aunque uno de los implicados se encuentre en mejores condiciones que el otro —y de ahí su capacidad y su gustosa responsabilidad de ayudar para que el otro salga de su situación interpelante—, el destinatario de la ayuda también ha de aportar lo que le corresponde. En última instancia, es esta interdependencia entre iguales en dignidad, la que justifica la necesidad de corregir las desigualdades en lo material. Por ello, la solidaridad implica caminar junto al otro y afrontar con él la solución a la situación de necesidad que atraviesa. De este modo, la solidaridad requiere compromiso mutuo, acción conjunta, y no paternalismo. Hay más alegría en dar que en recibir. Y esto es así porque, al dar y al recibir, se apela a la naturaleza del ser, reconociendo la dignidad mutua. Se puede expresar así: la dignidad de quien da honra a quien recibe, y la dignidad de quien recibe honra a quien da.
La solidaridad, tal como la hemos definido, tiene pleno sentido en la acción social empresarial, sobre todo cuando la organización participa en proyectos orientados al desarrollo comunitario. Desde esta perspectiva, respetar sus principios supone ir más allá de una implicación meramente filantrópica —puntual y superficial— y apostar, en cambio, por crear condiciones que favorezcan el desarrollo autónomo de las comunidades desfavorecidas, desde una verdadera actitud de compromiso. Así, la solidaridad empresarial en su dimensión externa —esto es, en la relación con la comunidad y su entorno— puede comprenderse y aplicarse con relativa claridad y sin mayor problema, precisamente porque no afecta de manera directa a la estructura interna de poder ni a la asignación de responsabilidades. Esta distancia facilita que la empresa evolucione de la simple ayuda ocasional hacia una vinculación más profunda y responsable con la realidad social que la rodea.
Ahora bien, la cuestión adquiere otra complejidad cuando la solidaridad se plantea no solo en la acción externa de la empresa, sino también en su vida organizativa, si aplica en sus relaciones internas. ¿Es posible y conveniente hablar de relaciones solidarias dentro de la organización? ¿puede ésta operar como principio rector sin poner en riesgo la arquitectura jerárquica que la sostiene?
En efecto, la empresa es, por definición, una institución estructurada en torno a asimetrías funcionales que se subsanan mediante la coordinación, la toma de decisiones y la asignación de responsabilidades. Desde esta perspectiva, cabe cuestionar si la solidaridad —entendida no como mera benevolencia, sino como disposición ética hacia la corresponsabilidad y el reconocimiento recíproco— puede integrarse de modo genuino en las dinámicas laborales o si introduce elementos que erosionan la autoridad formal y generan la apariencia de “tratos de favor” diferenciales no justificados.
Este interrogante es aún más notable cuando se incorporan políticas de diversidad e inclusión, cuya legitimidad descansa en el reconocimiento de que determinados colectivos han padecido históricamente situaciones de desigualdad estructural. Estas políticas, aunque orientadas a corregir injusticias, operan muchas veces bajo una lógica compensatoria que presupone, explícita o implícitamente, darle “carta de naturaleza” y estatus al padecimiento o vulnerabilidad inherente a la minoría. Ello plantea un dilema teórico relevante: ¿hasta qué punto este marco narrativo, que pretende habilitar un mayor acceso a derechos u oportunidades, no genera —paradójicamente— una representación del sujeto minoritario como portador de una identidad victimizada que, lejos de promover su agencia, refuerza su posición de dependencia?
Resulta, por tanto, pertinente interrogarnos sobre si esta caracterización del otro como alguien que “sufre” condiciona el modo en que se concibe su dignidad moral. Puede ocurrir que, al justificar las medidas inclusivas sobre la base de un déficit previo —y no sobre un principio universal de igualdad sustantiva—, se introduzca una forma sutil de asimetría simbólica que reproduzca la desigualdad que se intenta superar. En este sentido, la cuestión no es únicamente si dichas políticas redignifican a las minorías, sino si, al requerir que aparezcan como sujetos vulnerados para ser beneficiarias de la solidaridad institucional, no estarían consolidando la percepción de una inferioridad ontológica.
De igual forma, es necesario considerar el impacto que esta configuración tiene sobre quienes se sitúan en la posición de agentes solidarios. La relación que emerge puede inducir un rol tutelar o una autopercepción de superioridad moral que afecta tanto a la dinámica interpersonal como al clima organizativo. Esta forma de solidaridad asimétrica puede tensionar la estructura de autoridad, generar contradicciones normativas y comprometer la cohesión interna, al establecer una diferenciación simbólica entre quienes “otorgan” reconocimiento y quienes lo “reciben”.
En suma, el problema de fondo consiste en evaluar si la incorporación de la solidaridad como forma de articular las políticas inclusivas en el ámbito empresarial contribuye efectivamente a la igualdad y al reconocimiento mutuo, o si, debido a su formulación práctica y discursiva, termina por consolidar las asimetrías que pretende corregir. Esta cuestión requiere un análisis cuidadoso, capaz de distinguir entre solidaridad genuina, trato preferencial y lógicas de victimización que, aun bienintencionadas, pueden producir efectos contraproducentes tanto para las minorías como para la organización en su conjunto.
Si tomamos en serio las virtudes que fundamentan la solidaridad —la justicia como orden y la caridad como relación entre iguales—, se hace evidente que ciertos planteamientos ideológicos hoy dominantes, particularmente la lógica “woke”, chocan frontalmente con ellas. La justicia exige reconocer la igualdad de dignidad y ordenar racionalmente los bienes conforme a ella. La caridad requiere reconocer al otro como sujeto y no como pretexto moral o instrumento emocional. La solidaridad, que coordina ambas virtudes, solo puede existir allí donde se mantiene este equilibrio.
Sin embargo, la lógica identitaria que absolutiza el padecimiento subjetivo como criterio moral supremo rompe este equilibrio. Sustituye el principio de mutua dignidad por una estructura de asimetría permanente en la que unos aparecen como sujetos plenos y otros como deudores morales obligados a renunciar a parte de sus derechos para “compensar” el sufrimiento ajeno. Con ello se viola simultáneamente la justicia, porque se opera con criterios arbitrarios de distribución; la caridad, porque se convierte la relación en un paternalismo invertido; y la solidaridad, porque ya no hay reconocimiento mutuo sino vínculos fundados en culpa, privilegio identitario o expectativa de reparación infinita.
Esta ruptura del equilibrio moral no es un fenómeno abstracto: tiene manifestaciones concretas en los ámbitos en que la cooperación humana es indispensable, y la empresa constituye uno de los más decisivos. Esta dinámica no solo distorsiona la convivencia social sino que tiene efectos especialmente nocivos en la vida interna de la empresa, cuyo reto contemporáneo consiste en integrar la diversidad sin comprometer la legitimidad del propio proyecto empresarial ni erosionar la coherencia moral que debe regir sus relaciones internas.
La empresa, entendida como comunidad de personas que cooperan ordenadamente para generar bienes y servicios, necesita un marco ético capaz de armonizar diferencias sin sacrificar los principios que hacen posible la cooperación, la eficiencia y el bien común que ésta promueve. Sin embargo, el modo en que actualmente se interpreta la diversidad se aleja con frecuencia de este marco. En lugar de asentarse en la naturaleza humana común —el elemento que iguala a todos los participantes del proyecto—, se construye sobre una amplificación desmesurada de lo que nos distingue, incluso cuando estas diferencias no son objetivas sino subjetivamente declaradas. De este modo, se promueve una ética mínima, centrada en acuerdos superficiales y en el respeto formal a la diferencia, pero incapaz de generar vínculos profundos. Una ética así permite coexistir, pero no cooperar; evita colisiones, pero no construir un proyecto compartido.
Para que la empresa funcione como comunidad y no como simple yuxtaposición de individuos, necesita una ética de máximos (o de excelencia): una ética que permita reconocernos desde aquello que tenemos en común —la igual dignidad y la naturaleza humana compartida—. Solo desde aquí pueden sostenerse la justicia y la solidaridad como virtudes operativas: la justicia, porque el “dar a cada uno lo suyo” deja de depender del capricho identitario y se ordena según el bien real de las personas y de la organización; la solidaridad, porque exige caminar juntos desde aquello que compartimos esencialmente.
Cuando desaparece esta referencia a la naturaleza común, la diversidad se convierte en caricatura. En lugar de integrar las diferencias bajo un principio que las armoniza, se absolutizan las diferencias mismas y se elevan a criterio de privilegio moral. Así, se reconoce más lo que nos separa que lo que nos une; se magnifica la identidad subjetiva; se estimula una competencia por la singularidad y el padecimiento; y se fragmenta el tejido comunitario de la empresa. El proyecto empresarial deja entonces de verse como un “bien común” construido cooperativamente y pasa a percibirse como espacio de negociación de reivindicaciones individuales o grupales. La cooperación se convierte en yuxtaposición de agendas identitarias, y la empresa deja de ser proyecto de personas para transformarse en plataforma de autoexpresión sin coherencia interna.
Esta deriva tiene una raíz profunda: la negación —explícita o implícita— de la naturaleza humana común. Si la identidad se concibe como construcción ilimitada del individuo, desligada de cualquier referencia compartida, se destruye la posibilidad de un “nosotros” estable. Sin naturaleza común no hay fundamento para la justicia, porque no existe criterio objetivo para ordenar bienes y responsabilidades; no hay fundamento para la solidaridad, porque no existe una alteridad estable con la que comprometerse; y no hay fundamento para el bien común, porque cada uno define su propio bien desde parámetros subjetivos.
En este contexto, la empresa ya no es un espacio donde se construye riqueza material y humana para luego compartirla, sino un ámbito donde se dispersan las energías en microproyectos personales que erosionan la misión que a todos convoca. Para que la empresa cumpla su función —generar valor social y económico de forma que pueda ser compartido—, necesita cohesión interna, cooperación ordenada y reconocimiento mutuo. Ninguno de estos elementos es compatible con una ética mínima centrada exclusivamente en lo que nos diferencia. Solo una ética de máximos permite que la diversidad sume en lugar de restar, que integre en lugar de fragmentar y que enriquezca sin desnaturalizar el proyecto empresarial.
Integrar la diversidad constituye, sin duda, un desafío real, pero su adecuada comprensión exige partir de una concepción filosóficamente sólida de la persona y de la empresa. No se trata de neutralizar o suprimir las diferencias, sino de impedir que estas sean elevadas a principios absolutos, capaces de fracturar el entramado moral que hace posible la cooperación humana. La empresa solo puede asumirse como comunidad de trabajo y de sentido si reconoce que el fundamento último de la justicia y de la solidaridad no reside en aquello que nos separa, sino en la común dignidad que brota de nuestra naturaleza compartida. Es esta igualdad ontológica —y no la proliferación de identidades parciales— la que sostiene la posibilidad misma de una convivencia ordenada y fecunda.
En este horizonte, resulta decisivo subrayar que la identidad personal no es una mera construcción subjetiva ni un territorio que deba ser permanentemente problematizado, sino ante todo un don recibido. Ser persona implica haber sido previamente acogido en el ser, y esa recepción originaria funda una relación primaria con la realidad marcada por la gratitud. La tarea a la que nos llama la identidad no es, por tanto, a inventarla o reformularla, ni siquiera a construirla desde la nada, sino a aceptarla, desarrollarla, custodiarla y desplegarla. Esta comprensión donal de la identidad reclama el reconocimiento, no en el sentido posesivo o reivindicativo, sino como afirmación agradecida de la propia existencia y como solicitud de ayuda mutua para que ese don no se malogre ni se cierre sobre sí mismo.
Cuando la diversidad se contempla desde la verdad antropológica del don, se transforma en una fuente de enriquecimiento personal y comunitario. La empresa deja de operar como un mero agregador funcional de competencias para convertirse en un ámbito de reconocimiento recíproco, donde cada persona puede aportar y recibir, dar y ser acogida. En este horizonte, la cooperación no surge de la gestión estratégica de las diferencias, sino del encuentro entre personas con una naturaleza compartida. Solo así la diversidad integra, fortalece y hace posible un verdadero trabajo común, capaz de generar no solo valor económico, sino también sentido, cohesión y dignidad.
[1] Notas del profesor Juan Luis Martínez. Documento de trabajo preliminar, destinado a fomentar la reflexión y el debate en el ámbito interno de BARNA Management School. Noviembre de 2025.