La protesta social es un derecho protegido por la jurisprudencia internacional y nacional de los países democráticos, en materia de derechos humanos, libertad de expresión y control político dentro de sociedades de derecho. Infortunadamente, los gobiernos se han venido acostumbrando en América Latina a gobernar para una parte de la sociedad, la que ideológicamente se identifique con quien asume el poder.

Allí se repite una cadena de errores sustentada en profundas problemáticas históricas. En primer lugar, se fomentan sociedades altamente polarizadas, donde la resolución por la vía violenta de todas las diferencias y conflictos se ha establecido como la única alternativa. Esto ha marcado la realidad política de todo el siglo XX, sin mejorar para el siglo XXI. Las distinciones entre derecha e izquierda sesgan la realidad, su comprensión y, en general, fomentan discursos de odio que confunden a la ciudadanía en su legítimo sentir y búsqueda de un país mejor.

En el caso de Colombia esta situación se ha venido acrecentando en las últimas décadas, producto de varias realidades históricas:

Violencia estructural, que mantienen el accionar de grupos armados ilegales de todo tipo, para 2020 se registraron: 91 masacres con 381 víctimas[1]. Desde 2018 se han promovido políticas militares como resolución de los conflictos sociales: Se ha desestimado la negociación pacifica con guerrillas existentes (ELN) y residuales (FARC), lo que ha orientado la vía militar como salida a la violencia, generando recrudecimiento de violencias múltiples en las zonas rurales del país y actualmente en las ciudades.

 Narcotráfico, que sustenta altos indicadores de economías ilegales y subalternas que nutren ecosistemas de violencia, para 2019 se cerró con cerca de 212.000 hectáreas sembradas con hoja de coca[2] para fines de transformación a cocaína. 

Corrupción que ha diezmado la educación y la salud y el funcionamiento de políticas sociales y económicas que le cuestan al pueblo colombiano cerca de 18.400 millones de dólares cada año[3].

Estos datos evidencian una realidad que está por encima de cualquier ideología, la supera, y la polarización que surge en torno a esta realidad, solo alimenta cada mal y genera mayor desesperanza. Es por esto, que se hace urgente poder concertar acuerdos sociales, que dialogue con los actores no políticos, como la academia, movimientos y organizaciones sociales para que se tejan verdaderas soluciones a estas criticas cifras. Para esto es fundamental que el Estado no vea en la protesta social un desafío al poder, si no, un llamado a que funcione mejor. Un sentir hasta ahora no escuchado en la realidad colombiana.

Por otro lado, las manifestaciones de violencia hacia la institucionalidad son reflejo de esa realidad de cultura de violencia, profundizada por el conflicto armado. A las ciudades mas grandes del país, han llegado actores del conflicto armado que nutren las estructuras criminales ya existentes en las urbes, las cuales tienen como intención generar caos, vandalismo y delincuencia en el marco de las protestas sociales. De allí que haya cerca de 849 policías heridos, 40 civiles asesinados, y cerca de 647 detenidos tras 13 días de protesta[4]. Los daños a la infraestructura pública y privada, así como de transporte, son millonarias, especialmente en la ciudad de Cali.

Esta ciudad de Colombia ha sido epicentro de las manifestaciones más intensas de los últimos días, lo cual no es una coincidencia ni algo fortuito. Esta ciudad ha sido particularmente afectada por la pandemia de Covid 19. Los índices de pobreza monetaria de Colombia se ubicaron para 2020 en el 42,5 % de la población, es decir, 21,2 millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. 3,6 millones de personas cayeron en situación de pobreza en 2020. Específicamente en Cali la pobreza afecta al 36,6 % de la población para 2020, y la población vulnerable se ubicó en un 26,6 % del total de habitantes de la ciudad para ese mismo año; esto sumado, nos habla de un total de 63,2 % de los habitantes en situación de riesgo frente al ingreso económico y situaciones conexas como desnutrición, desempleo y falta de acceso a servicios como educación, salud y bienestar social en general. [5].

Podemos hablar de un estallido social, nutrido de causas históricas, donde confluye la violencia y en general la precariedad a la que se han tenido que enfrentar millones de personas en Colombia, acrecentado y profundizado por cuenta de la pandemia. No es un reclamo político, por ende, el diálogo debe ser con la ciudadanía, no con los políticos.

Las necesidades no dan espera, mientras la discusión se mantenga en la arena de lo político e ideológico, las causas estructurales se seguirán alimentando, en una macabra sonrisa de violencia. Por ello, se requiere la multiplicación de esfuerzos, que superen la contención militar y policial, para que la ciudadanía sea escuchada y atendida en legitima participación dentro de un estado de derecho. 

Referencias:

[1]  Violencia en Colombia: En 2021 van 12 masacres con 44 víctimas; en 2020 fueron 91 con 381 víctimas – Noticias Principales de Colombia Radio Santa Fe 1070 am en Noticias Principales de Colombia Radio Santa Fe 1070 am

[2] 2021: desafío para el Gobierno es reducir cultivos ilícitos | El Nuevo Siglo

[3]  ¿Cuán corrupta es Colombia y cuánto dinero pierde por este delito? Cuatro claves a propósito de la consulta anticorrupción | CNN

[4]  Colombia cifra en 850 los policías heridos en las protestas sociales (radioagricultura.cl)

[5]. https://www.elespectador.com/economia/las-cifras-para-entender-el-estallido-social-en-cali/